SOS por los líderes sociales de Colombia

SOS por los líderes sociales de Colombia

Jueves, Enero 19, 2017
Diego León

Alarmante es el panorama que se ha venido presentando en los últimos meses con las asociaciones campesinas del país. Después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC (agosto 26 de 2016), se han presentado aumentos en los asesinatos y amenazas en contra de líderes sociales y campesinos. La mancha de violencia más reciente se originó en el departamento de Antioquía, el 11 de enero de 2017. El cuerpo sin vida de José Yimer Cartagena Úsuga, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas), fue encontrado en el corregimiento de Carepa, después de haber sido raptado el 9 de enero por hombres desconocidos.     

Resulta paradójico observar que los crímenes en contra de los líderes campesinos y defensores de derechos humanos hayan aumentado luego de que se solidificara la tan anhelada paz, teniendo en cuenta, que dentro de los acuerdos firmados existen parágrafos que enfatizan la necesidad de reforzar la protección a los líderes sociales y sindicalistas, entonces ¿por qué no se está haciendo efectiva la protección a las asociaciones campesinas?

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en el año 2016 se conocieron 70 homicidios a líderes campesinos, defensores de derechos humanos y líderes sociales, de los cuales 34 fueron perpetrados posteriormente a la firma del acuerdo final de paz.

Entre las organizaciones que más se han visto afectadas por las persecuciones de sus líderes sociales se encuentra: La Marcha Patriótica, La Unión Patriótica, La Minga Indígena, El Congreso de los Pueblos y El Partido Comunista.

Aunque estas organizaciones políticas culpan a la extrema derecha de ser los perpetuadores de estos asesinatos en forma sistemática, el gobierno a través del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez ha tomado con mesura las acusaciones de las organizaciones socialistas: “hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de los asesinatos y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales”.

Las declaraciones del señor Fiscal resultan poco tranquilizantes, si tenemos en cuenta, que según las cifras de Marcha patriótica: en sólo su colectividad han asesinado a 125 miembros activos del movimiento social y amenazado a 273 desde el momento que empezaron los diálogos de paz en La Habana.

Para el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, las condiciones en las que se están presentando estos homicidios son un atentado en contra del derecho a la paz y vulnera la estabilidad del país: “Los líderes y defensores de los derechos humanos hoy en día se encuentran expuestos a un riesgo inusitado por cuenta de la violencia que atemoriza los territorios más vulnerables del país, pero a su vez son los más comprometidos con la paz y la reconciliación nacional”.

Pero no solamente ha sido la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado para que se visibilicen los crímenes y hostigamientos en contra de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y movimientos sociales; la ONU por medio de un comunicado de prensa, difundido el 21 de noviembre de 2016 resalta el compromiso que adquirió el gobierno con las organizaciones sociales al firmar los acuerdos de paz en La Habana: “las Naciones Unidas entienden el temor de las organizaciones sociales afectadas y su reclamo para que se tomen urgentemente las medidas necesarias para evitar el recrudecimiento de la violencia, que socava la confianza en las perspectivas de una paz estable y duradera, ante la expectativa de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP”.

Una vez más ¿por qué no se está haciendo efectiva la protección a las asociaciones campesinas?

La Organización de los Estados Americanos responde esta pregunta, acusando la poca presencia del gobierno en los territorios rurales que las FARC despojaron, luego de movilizarse a las zonas de reagrupación transitorias; además, señala a  los grupos y células de los paramilitares como los principales responsables de las persecuciones de los líderes sociales.

Con lo anterior, claramente, queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional, para que tenga en cuenta a todos estos actores políticos como lo son: organizaciones nacionales, movimientos sociales políticos y organizaciones gubernamentales, que han alertado sobre el terrible desenlace que están pasando los líderes sociales del país. Es prioritario acabar con las persecuciones de los miembros de las asociaciones sociales, su labor no puede ser opacada por unos pocos que siguen intereses particulares; la intención es fortalecer el tejido social que se ha venido planeando desde que empezaron los acuerdos de La Habana, no por el contrario, acabarlo y desestabilizarlo.

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